El Grupo municipal Compromís va a presentar al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para instar al gobierno central a la supresión de las diputaciones y al Consell para que se vaya poniendo las pilas ante tal eventualidad. Esperemos que los partidos que se han posicionado públicamente en este sentido apoyen la moción y el acuerdo municipal se levante como una más de las voces que están pidiendo que desaparezca una institución obsoleta, cuyos antecedentes se remontan al siglo XIX y que de dejó de tener sentido con la creación del estado de las autonomías, hace ya varias décadas de eso. Por no hablar del grave déficit democrático que supone la elección de los diputados provinciales, cuya representatividad es de segundo grado al ser elegidos por los partidos y no por los electores. En consecuencia, las Diputaciones provinciales han sido utilizadas demasiado a menudo por los partidos mayoritarios como un instrumento al servicio del dominio políticos de su partido, cuando no se han hecho servir a los intereses personales. Y ejemplos se podrían poner unos cuantos.
Por si fuera poco, la crisis económica ha puesto encima de la mesa la necesidad de recortar gasto y burocracia en la gestión pública y simplificar el entramado administrativo, siendo razonable y deeable que todas las administraciones ejerzan solo aquellas competencias que tengan asignadas con tal de evitar duplicidades innecesarias.
La ordenación y modernización supondría un ahorro para la administración pública valenciana en gastos de protocolo y duplicidades de más de 200 millones de euros y a la española unos 1.500 millones de euros anuales, si se transfirieran competencias y personal a otras instancias más democráticas como puedan ser los gobiernos autonómicos, ayuntamientos o, según el caso, mancomunidades de municipios.
En este sentido, la Comunidad Valenciana no puede hacer desestimiento de funciones y ha de encarar con valentía una ley de redistribución de competencias para racionalizar y modernizar la administración pública valenciana atendiendo a nuestro singular territorio, reforzando la autonomía local, consolidando el modelo comarcal y adelgazando al máximo las coroporaciones que, como las Diputaciones provinciales, carecen de sentido en el siglo XXI.