El candidato a la alcaldía de Compromís Elda, Manuel Ibáñez ha pedido esta mañana a las partes afectadas por el problema de la Jaud que consideren “una tregua judicial sobre el pleito que se sigue ante el TSJ” y ha propuesto “la participación de abogados y técnicos independientes, designados de común acuerdo por las partes, para delimitar cuestiones que puedan resolverse mediante su arbitraje como posible vía para conciliar intereses”.
Ibáñez ha destacado la necesidad urgente de constituir una mesa de negociación en la que prime la transparencia y la igualdad de condiciones de participación y en la que estén representados todos los grupos políticos y todos los propietarios de la zona. “Compromís Elda, desde una posición de total transparencia y talante de dialogo, entiende que la solución del conflicto pasa por un proceso de negociación asistida en el que los intereses fundamentales de todas las partes del conflicto puedan ser escuchados y atendidos. Proceso en el que será fundamental que las partes afectadas sientan que son dueñas y partícipes de las decisiones que se adopten. Por ello pedimos también que se invite y conceda el plazo que necesiten las partes para que puedan realizar propuestas y participen de una manera efectiva en la ordenación de La Jaud”.
El 17 de junio de 2015 vencerá el plazo concedido por el Tribunal Superior de Justicia para legalizar la situación de la Jaud y el Ayuntamiento todavía no ha adoptado ningún acuerdo en el sentido que fue requerido. “El PP ha tenido seis meses de plazo y no ha hecho nada. Incluso aprobándolo esta misma semana, tiene que transcurrir el plazo de exposición pública y queda menos de un mes para que acabe el plazo que dio el TSJ. Será imposible acreditar ante el tribunal la regularización urbanística de la Jaud”.
En este sentido, Ibáñez ha subrayado que “mientras Adela Pedrosa se pasea por todas sus obras electoralistas, esas familias están a la espera de que el Ayuntamiento adopte un acuerdo que permita la legalización de la situación y el Ayuntamiento, a fecha de hoy y con un plazo judicial de menos de un mes, no se ha pronunciado corporativamente. Es una irresponsabilidad política dejar este asunto sin resolver, pues la exposición al público es sólo un trámite del proceso de legalización”.